La Secretaría de la Función Pública (SFP) investiga a exfuncionarios del Servicio de Administración Tributaria (SAT) que en el sexenio pasado, cuando Aristóteles Núñez y Osvaldo Santín encabezaban el organismo, permitieron, por acción u omisión, que prosperara el esquema de defraudación fiscal a través de empresas conocidas como factureras.

Así lo afirmó, en entrevista con Milenio, Irma Eréndira Sandoval, titular de la SFP, quien explicó que a quienes se investiga desde su secretaría es “a los funcionarios públicos que permitieron que estos esquemas de las factureras se normalizaran en la vida pública”.

El esquema, dijo, se incrustó al interior de la Administración Pública Federal “con la tradicional compra de funcionarios públicos que tenían la obligación legal, no sólo moral, de estar observando, de estar denunciando, de estar frenando estos abusos”.

“Nuestro Órgano Interno de Control (OIC) del SAT ha hecho un trabajo espléndido en ir descubriendo quién permitía estos esquemas de empresas fantasmas, para que pudieran ser aprovechados para los esquemas defraudatorios”, dijo.

La secretaria explicó que el trabajo de investigación para identificar a los servidores públicos que “se prestaron a estas defraudaciones, a la evasión fiscal y a la operación de las factureras” ha sido en coordinación tanto con el SAT, desde el inicio de la nueva administración, con la entonces jefa del SAT, Margarita Ríos-Farjat, y la actual, Raquel Buenrrostro.

Pero también, dijo, hay una mesa de coordinación en la que participan el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, y el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, para frenar los esquemas de lavado de dinero.

«Lamentablemente, las compras públicas se contaminaron mucho de este esquema de las factureras; había una suerte de matrioshkas en las empresas: una gran empresa no era más que la careta de otras empresitas que subcontrataban a factureras”, detalló.

Sandoval explicó que el esquema de las factureras, considerado corrupción fiscal, defrauda por vía de la elusión fiscal, no solamente de la evasión.

​Un fraude inconmensurable

El pasado 6 de julio, Milenio dio a conocer que la Procuraduría Fiscal, a cargo de Carlos Romero Aranda, detectó que, en 2018, personajes políticos usaron los recursos obtenidos a través de esquemas de defraudación fiscal vía las factureras para enriquecerse y financiar campañas electorales, por lo que ya se preparan las primeras órdenes de aprehensión.

Romero Aranda informó que se calcula que ese año hubo una evasión de 500 mil millones de pesos, aproximadamente.

El 23 de junio pasado, la jefa del SAT, Raquel Buenrrostro, presentó la información de 43 empresas factureras que fueron contratadas para defraudar al fisco por 55 mil 125 millones de pesos durante el 2017.

El pasado 14 de febrero, Buenrrostro informó que se identificaron a 977 contribuyentes, tanto personas físicas como morales, que entre 2017 y 2019 participaron en esquemas de operaciones de empresas factureras en diversos estados de la República.

Las cifras de la evasión fiscal han variado y crecen conforme avanzan las investigaciones.

En junio 2019, cuando la entonces jefa del SAT, Margarita Ríos-Farjat, reveló por primera vez la magnitud del daño ocasionado a la Hacienda pública a través de estos esquemas, expuso que se había identificado la emisión de al menos 8.8 millones de facturas, desde 2014, que representaron una evasión fiscal de aproximadamente 354 mil 512 millones de pesos.

​¿En la mira?

Además de la jefatura del SAT, que en el sexenio pasado estuvo a cargo de Aristóteles Núñez, de diciembre de 2012 a septiembre de 2016, y Osvaldo Santín Quiroz, desde 2016 hasta noviembre de 2018, al interior del organismo hay al menos cuatro áreas clave que, de acuerdo con sus facultades y obligaciones establecidas en su Reglamento Interior, podrían haber conocido y actuado en contra de las operaciones de las llamadas factureras durante la administración pasada.

La Administración General de Recaudación es la competente para recaudar el importe de las contribuciones y aprovechamientos; participar en la definición e instrumentación de los proyectos especiales en materia de recaudación de ingresos federales, y ordenar y practicar visitas domiciliarias a los contribuyentes, a fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales en materia de registro de contribuyentes, para comprobar los datos que se encuentran en el registro federal de contribuyentes, así como solicitarles la información y documentación necesaria para constatar dichos datos.

Esta área estuvo encabezada el sexenio pasado por Lizandro Nuñez Picazo, quien salió en enero del 2018, y fue reemplazado, para concluir el gobierno, por Adrián Guarneros Tapia.

La Administración General de Auditoría Fiscal Federal tiene entre otras facultades la de llevar a cabo todos los actos y procedimientos previstos en el Código Fiscal de la Federación relacionados con la emisión de comprobantes que amparen operaciones inexistentes.

En el sexenio pasado estuvo encabezada por José Genaro Ernesto Luna Vargas, quien dejó el cargo en junio de 2017 y fue reemplazado por Leopoldo Carrillo Werring.

Asimismo, la Administración General de Grandes Contribuyentes tiene entre sus responsabilidades la de estudiar, analizar e investigar conductas vinculadas con la evasión fiscal, así como proponer estrategias y alternativas tendientes a combatir dichas conductas.

Fuente: Milenio