El Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) ratificó la sanción aplicada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a Dumago Systems Solutions, una de las empresas involucradas en el esquema conocido como la ‘Estafa Maestra’, por lo cual tendrá que pagar 33 millones 633 mil pesos.
El proyecto fue aprobado por unanimidad en el pleno del TFJA, el cual, en sesión de este miércoles, validó la resolución emitida el 11 de enero de 2019 por la Dirección General de Responsabilidades de la ASF, en la que se determinó una responsabilidad resarcitoria por la que dicha empresa debe responder, de manera solidaria y mancomunada, con cinco exfuncionarios públicos.
Los cinco exfuncionarios públicos que, junto con la empresa, deben pagar ese monto son: Humberto René Islas Cortés, quien en ese entonces se desempeñaba como director de Recursos Materiales de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol); el exdirector de Adquisiciones y Contratos, Enrique Prado Ordóñez; el exrector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Alejandro Vera; el exrepresentante legal de dicha institución, Hugo Manuel del Pozzo Rodríguez, y el exdirector de Proyectos Especiales de la misma casa de estudios, Wistano Orozco.
Los más de 33 millones de pesos son equivalentes al daño patrimonial que la ASF consideró —como parte de la revisión a la Cuenta Pública 2013— que dicha empresa ocasionó a la Hacienda Pública Federal por haber cobrado indebidamente una serie de servicios de los que nunca hubo evidencia a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, la cual, a su vez, fue contratada por la Sedesol mediante un convenio firmado cuando esta estuvo encabezada por Rosario Robles y el oficial mayor de la Secretaría fue Emilio Zebadúa.
El caso fue expuesto en sesión del TFJA por el magistrado Juan Manuel Jiménez Illescas, quien explicó que a los cinco personajes mencionados, junto con la empresa Dumago Systems, que se les reprocha haber causado un daño en la Hacienda Pública porque, en el ejercicio de sus atribuciones, “indebidamente celebraron un convenio de colaboración entre dichas instituciones, en donde la Universidad de Morelos, en forma por demás ambigua y genérica, se obligó a proporcionar diversos servicios de asesoría especializada en materia de adquisiciones, arrendamientos, difusión y promoción social a la Sedesol, los cuales no fueron recibidos conforme a la normativa legal y convencional aplicables”.
Jiménez Illescas añadió que la responsabilidad resarcitoria ordenada por la ASF se debe a que “la actora (Dumago Systems) ocasionó daño a la Hacienda Pública Federal al haber figurado como la empresa que supuestamente proveyó los servicios pactados entre la Universidad de Morelos y la Sedesol, cuando en los hechos, la demandante nunca demostró que realmente hubiera proporcionado dichos servicios y, en cambio, quedó acreditado que la institución educativa le pagó injustificadamente más de 33 millones de pesos por servicios irregulares”.
Además, los entregables presentados como comprobación de los servicios supuestamente prestados “tienen fecha anterior a la contratación”, y la empresa demandante “tiene una actividad preponderante ajena a los servicios solicitados, como es el comercio al por menor de computadoras y sus accesorios”.
Fuente: Milenio
