La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) detectó que el magistrado presidente del Tribunal Electoral, José Luis Vargas, compró residencias en Miami, Valle de Bravo, Lomas de Chapultepec y Polanco, con costos que no coinciden con sus ingresos anuales de 2 millones 400 mil pesos.
Funcionarios que llevaron a cabo esta investigación dijeron a Milenio que la UIF sí presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de las inconsistencias en las declaraciones patrimoniales de Vargas Valdez, pero al no tener acusaciones por ninguna autoridad extranjera, no tenía elementos para ordenar el bloqueo del dinero.
La UIF tiene la facultad para congelar cuentas de manera inmediata de la mano de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, por lo que no requiere autorización o solicitud alguna de la Fiscalía General de la República; sin embargo, desde 2019 que concluyeron la indagatoria, proceder en contra de Vargas quedó completamente en manos de la FGR.
La indagatoria que se concretó a mediados de 2019 determinó que no existe forma de acreditar la compra inusual de al menos cuatro inmuebles, entre los que destacan uno en Valle de Bravo con un costo de siete millones 100 mil pesos, uno más en Lomas de Chapultepec por seis millones 800 mil pesos y un departamento en Miami, valuado entre los seis y los 10 millones de pesos.
Además de un departamento en Polanco comprado por tres millones 511 mil 900.
Aunque el magistrado Vargas ha argumentado que comparte bienes con su esposa, quien habría aportado de sus ingresos para estas adquisiciones, los números no parecieron congruentes en el sistema financiero que generó varias alertas por las adquisiciones y compras de Vargas.
Además, la UIF detectó depósitos en efectivo hasta por 500 mil pesos, de los que no existe justificación alguna, pues Vargas está impedido constitucionalmente a tener ingresos adicionales a los de su labor como magistrado.
Milenio confirmó que hasta este momento, la Unidad de Inteligencia Financiera no ha sido notificada de ningún avance sobre la denuncia que presentó en contra del ahora magistrado presidente del Tribunal Electoral, por las inconsistencias en sus declaraciones patrimoniales y aparente enriquecimiento inexplicable.
Fuente: Milenio