El caso se resolvió mediante la Ley de Amnistía, con enfoque de género e interculturalidad; estuvo presa desde 2021 sin defensa adecuada.

ALMOLOYA DE JUÁREZ, Estado de México, 13 de agosto de 2025. – En un acto de justicia con perspectiva de género e interculturalidad, el Gobierno del Estado de México logró la liberación de Bonifacia “N”, mujer indígena mazahua y adulta mayor, quien permanecía privada de la libertad desde 2021, tras enfrentar un proceso judicial con graves omisiones y sin defensa legal adecuada.

El caso fue identificado durante una de las jornadas mensuales de salud física y mental que la Secretaría de las Mujeres (SeMujeres) realiza en centros penitenciarios del estado, donde se brinda atención y orientación a mujeres privadas de libertad.

Un proceso judicial con violaciones al debido proceso

Bonifacia fue sentenciada por el delito de homicidio y permanecía interna en el Centro de Prevención y Reinserción Social de Santiaguito, en Almoloya de Juárez. Sin embargo, su caso se desarrolló en un contexto de violencia familiar que no fue considerado durante su proceso judicial, una situación común entre mujeres que enfrentan desigualdades estructurales.

La intervención de la SeMujeres, en coordinación con la Consejería Jurídica, a través del Instituto de la Defensoría Pública (IDP), y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM), fue clave para la resolución del caso mediante la Ley de Amnistía del Estado de México.

Aplicación de la Ley de Amnistía con enfoque de derechos

En septiembre de 2024, el IDP presentó ante la CODHEM un proyecto de amnistía argumentando que Bonifacia había sido víctima de violencia constante, pertenecía a un pueblo indígena y no se le garantizó un juicio justo.

Dado que se trataba de un delito de alto impacto, la Ley establece que solo un organismo de derechos humanos puede solicitar la amnistía. Con base en los argumentos del IDP, la CODHEM llevó el caso ante el Poder Judicial del Estado de México.

Para garantizar las condiciones jurídicas requeridas, el IDP cubrió el pago de la reparación del daño, mientras que SeMujeres asumió el pago de la multa, lo que permitió a la Sala de Asuntos Indígenas otorgar la amnistía correspondiente.

Compromiso con la justicia y los derechos de las mujeres

Este caso representa un precedente importante en la aplicación de la justicia con perspectiva de género y enfoque intercultural, en línea con las políticas impulsadas por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, quien ha reiterado su compromiso con el acceso a la justicia, la igualdad sustantiva y el respeto a los derechos humanos de las mujeres.

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