El exgobernador de Chihuahua, César Duarte, aseguró ante una jueza en Estados Unidos que de ser extraditado a México, corre peligro de ser asesinado por el crimen organizado, tal como ocurrió con Aristóteles Sandoval en Jalisco hace unas semanas.
El pasado 31 de diciembre, la defensa de César Duarte solicitó a la jueza Lauren F. Louis la reserva de tres documentos, que incluyen las declaraciones de varias personas que denunciarán presiones del actual gobernador de Chihuahua y la posibilidad de negar su extradición a México.
En la misiva aseguran que existen testigos que pueden enfrentar represalias significativas por parte del gobierno de Corral y la maquinaria del estado de Chihuahua, si sus identidades se revelan públicamente.
También fue ingresado en el sistema de Cortes de Florida un extenso documento de 46 páginas que explica con detalle por qué el exgobernador César Duarte no debe ser extraditado a México, tal vez la más representativa es el supuesto riesgo que corre de ser asesinado por el crimen organizado.
“El señor Duarte posee evidencia no refutada de que su vida corre grave peligro si regresa a México».
Destacaron que existe una declaración de un asesor político que aseguró que Duarte sería asesinado si era encarcelado en México. También que otros informes demuestran que otros acusados por la administración de Corral han muerto en prisión, incluidos individuos anteriormente asociados con el exgobernador.
“Además, la violencia del crimen organizado en México representa un peligro claro y presente para el señor Duarte como exgobernador de un estado del norte. El exgobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, fue asesinado solo en un restaurante de lujo semanas atrás, probablemente por el crimen organizado. El señor Duarte corre el mismo destino que el señor Sandoval si regresa a México”, dice el documento.
Otro motivo es que aseguran que un informe realizado por un experto en finanzas forenses, destaca que la solicitud de extradición por parte del gobierno mexicano basa en sus razones en una serie de irregularidades que se contradicen completamente.
Y es que incluso la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) concluyó que Duarte no había malversado fondos públicos en ningún momento durante su mandato.
“Esto borra la evidencia de causa probable presentada por el gobierno. Además, el gobierno de México no ha presentado ninguna evidencia de que el señor Duarte desvió dinero de su propósito, un elemento clave de el cargo peculado”.
Además, dicen, existe una gran probabilidad de que las declaraciones de los testigos sobre las cuales pesan la solicitud de extradición y la demanda de extradición fueron coaccionadas.
Fuente: Milenio
