Un juez federal negó las 46 órdenes de aprehensión —solicitadas por la Fiscalía General de la República (FGR)— contra servidores públicos relacionados con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, ocurrida hace seis años, confirmó Felipe de la Cruz, vocero de los padres de los estudiantes.

El pasado 30 de junio, el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, informó que la dependencia a su cargo había solicitado a la justicia federal las órdenes de captura en contra de servidores públicos de diversos municipios de Guerrero, acusados de desaparición forzada y delincuencia organizada, relacionados con el caso Iguala.

Hoy, a partir de las 10 de la mañana, en Palacio Nacional, los padres de los 43 normalistas desaparecidos entre el 26 y 27 de septiembre tienen agendada una reunión  con el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Se nos informó que no se concedían las 46 órdenes de que había anunciado el fiscal general y esperamos que mañana en la reunión (con el presidente) nos den una explicación más amplia, los motivo por los cuales fueron negadas”, dijo Felipe de la Cruz vía telefónica en su trayecto de Guerrero a la Ciudad de México.

De la petición hecha por la FGR y anunciada por Gertz Manero, lo único que sigue adelante es la orden de captura con fines de extradición en contra del exdirector de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio.

El mismo día que el fiscal general de la República anunció la solicitud de las 46 órdenes de aprehensión, fue cuando aseguró que la verdad histórica acuñada por la administración pasada había terminado.

Felipe de la Cruz, vocero de los padres de los normalistas, consideró que la información a detalle sobre este punto “creo que lo están guardando para mañana, cuando veamos al presidente. Vamos en espera de que se nos informe cuáles han sido los avances, los retrocesos de esta investigación”, dijo.

La solicitud a De la Cruz para confirmar el hecho surgió a partir de lo dicho por el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Vidulfo Rosales, quien participó en el conversatorio La desaparición forzada en México en el escenario de la pandemia.

Ahí Rosales dijo que en la negativa de juez federal hubo al menos dos problemas. Uno que dentro de la FGR, dijo, quedan funcionarios que comulgan con verdad histórica, aunque no dijo quiénes.

Y el otro punto al que se refirió Rosales fue al Poder Judicial, donde, dijo privilegia el formalismo, “ahí estamos teniendo problemas” de que los expedientes reboten o que por alguna informalidad nieguen las órdenes de aprehensión y no se está avanzando en las investigaciones.

Félix Santana Ángeles, director general de Estrategias para la Atención de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación y subsecretario técnico de la Comisión Presidencial para el caso Iguala, también participó en el conversatorio y coincidió con Vidulfo Rosales en el sentido de las inercias dentro de la FGR.

Según el funcionario federal, se han realizado 29 operativos de campos en la administración del presidente López Obrador para llegar a la verdad del caso ocurrido hace casi seis años.

Fuente: Excélsior