Un juez federal libró una nueva orden de aprehensión contra el exdirector de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio, por su presunta responsabilidad en el delito de tortura en agravio del presunto operador y sicario del grupo criminal de Guerreros Unidos, Felipe Rodríguez Salgado, El Cepillo, uno de los responsables de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

La Fiscalía General de la República (FGR) también obtuvo la orden por los delitos de desaparición forzada de personas y coalición de servidores públicos.

«Esta orden de aprehensión será enviada de inmediato a las autoridades de Israel, para fortalecer el procedimiento de extradición del sujeto señalado”, señaló la FGR.

La Unidad Especializada en Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa (UEILCA), responsabiliza a Tomás Zerón de torturar al supuesto delincuente dentro de las instalaciones de la AIC, de la entonces Procuraduría General de la República (PGR).

“El objetivo de dicha tortura era para que declarara lo que se le estaba obligando, para poder justificar la denominada verdad histórica”, detalla la carpeta de investigación judicializada.

Se presume que esto ocurrió en el interrogatorio de 2015, y durante el mismo, Felipe Rodríguez Salgado fue “amenazado de muerte” para que cooperara con las indagatorias sobre la desaparición de los 43 normalistas.

De acuerdo con funcionarios de la institución, existe una grabación, que circuló en redes sociales, en la cual aparece El Cepillo, sentado, esposado y encapuchado. Durante el interrogatorio, llevado y dirigido por Tomás Zerón, se pueden escuchar los momentos en que éste amenaza y amedrenta al supuesto sicario de Guerreros Unidos.

La FGR indicó que el 27 de enero de 2015, en conferencia de prensa del entonces procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, y Tomas Zerón, hicieron referencia a la detención de Felipe Rodríguez, “lo que confirma los actos de tortura de referencia”.

La orden de captura fue otorgada el pasado 23 de abril, por parte de un juez de control de un Centro de Justicia Federal en la Ciudad de México.

Fuente: Milenio