La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, compareció ante la Fiscalía General de la República (FGR), pero rechazó rendir su declaración por contar con fuero.

La mandataria estatal acudió a la Delegación de la FGR en la Ciudad de México para cumplir con el citatorio que le fue notificado la semana pasada para declarar como testigo en la investigación que se realiza sobre la participación de agentes extranjeros en un operativo para desmantelar un narcolaboratorio en Chihuahua.

Acompañada de liderazgos del Partido Acción Nacional, Campos Galván se presentó esta mañana en la sede de la Fiscalía Federal, donde entregó un escrito en el que manifiesta que no iba rendir su testimonio porque la citación carece de fundamento.

«No comparezco para rendir entrevista en calidad de testigo ni para sujetarme a acto de investigación alguno. Acudo para responder a un oficio que contiene un citatorio ambiguo, internamente incongruente y carente de la debida fundamentación y motivación», dice el escrito.

«Dejo asentado en este acto que esta promoción no constituye renuncia a derecho alguno ni sujeción al régimen ordinario de la prueba testimonial. Realizo estas manifestaciones para constatar mi disposición a colaborar en cualquier investigación que integre la autoridad federal, pero no como un sometimiento, fáctico o legal, a la diligencia pretendida».

«El artículo 90 del Código Nacional de Procedimientos Penales obliga, como regla general, a toda persona a comparecer ante el Ministerio Público u órgano jurisdiccional en el que sea citado. El mismo precepto exceptúa de esa obligación a los servidores públicos comprendidos en los párrafos primero y quinto del artículo 111 de la Constitución».

Antes de ingresar para presentar el escrito con el que rechazó rendir declaración, la gobernadora acusó a la FGR de fabricarle un caso para convertirla en inculpada. «Se me cita bajo la simulación de ser una testigo, pero con la burda finalidad de fabricarme un caso y convertirme en inculpada».

«No guardaron las formas, no respetaron la ley y atropellaron la protección constitucional del cargo que los chihuahuenses me han conferido”, aseveró.

En tanto, Roberto Gil Zuarth explicó que su representada no tiene obligación legal de acudir al citatorio y afirmó que no reconocen la facultad del Ministerio Público para “imponer actos de molestia” a la gobernadora.

“Si ya sabemos que son incompetentes, nunca hemos dudado que son perversos. Nuestra respuesta es muy clara. Primero, no reconocemos la facultad de ningún ministerio público para imponer actos de molestia en calidad de testigo o de inculpado a la gobernadora del estado de Chihuahua, Maru Campos, porque la función que desempeña se encuentra protegida por la constitución, y la inmunidad constitucional sirve precisamente para resistir este tipo de hostigamientos penales en contra de un servidor público y, especialmente, de un servidor público de oposición”.