Al menos 140 mil migrantes indocumentados provenientes de Centroamérica, más de 69 mil de ellos hacinados en carpas en ciudades de la frontera norte de México y otros 70 mil en movilidad sin un lugar fijo, podrían quedar marginados de acceder a la vacuna contra el Covid-19 en el país.
Lo anterior, al no estar en los registros del Censo de Bienestar, no contar con alguna credencial oficial por parte de las autoridades mexicanas y mucho menos contar con la Clave Única de Registro de Población (CURP), requisito indispensable para ser localizados para que el personal de salud les proporcione las dosis correspondientes contra esta enfermedad, denuncian reportes de una coalición de más de 30 organizaciones identificada como Alianza Movilidad Inclusiva en la Pandemia y albergues en México y Centroamérica, la Organización Internacional para Migraciones y Amnistía internacional (AI).
Las cifras de migrantes que esperan solución a sus solicitudes de asilo en Estados Unidos los mantiene a las puertas de la frontera de Estados Unidos, sin oportunidad para trasladarse a otras ciudades de la frontera mexicana en busca de algún trabajo para salir al paso en lo que obtienen el fallo esperado o la inesperada deportación a sus países de origen.
Ya se cumplieron dos años desde que el gobierno estadunidense implemento en programa “Quédate en México”, y los 69 mil 320 migrantes, la mayoría de Centroamérica (El Salvador, Honduras y Guatemala) se mantienen en improvisados albergues en espera de poder cruzar hacia el vecino país, pero en su espera se han enfrentado a carencias e indiferencia de las autoridades mexicanas que no han cumplido con las promesas de asistencia, social, de empleo, de salud y educación para los menores que vienen con estos grupos, por lo que dan por hecho que acceder a alguna de las vacunas contra el Covid-19 en México será algo imposible.
La Alianza Movilidad Inclusiva en la Pandemia, que encabeza el Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI), el Grupo de Monitoreo Independiente del Salvador (GMIES) y AI, enviaron un mensaje al gobierno mexicano para establecer un programa incluyente en el que se considere entre la población vulnerable y con carácter prioritario considerar a la población migrante en la campaña de la aplicación de las vacunas.
De acuerdo con esta alianza de organizaciones civiles, para estar contemplados en la lista de candidatos a recibir alguna de las vacunas anticovid, se requiere, en la plataforma digital que abrió el pasado 2 de febrero el Gobierno federal, contar con la Clave Única de Registro de Población (CURP) para las personas mayores de 60 años, medida que excluye no solo a ciudadanos mexicanos que no cuentan o no saben cómo obtener este registro de población, sino que también margina a los migrantes, que no cuentan con ese documento, lo que los pone grave riesgo la salud pública.
“La vacuna de Covid-19 no debería ser supeditada a un documento de identidad del que adolece el Estado mexicano y que se ha suplido de manera discrecional con la credencial del Instituto Nacional Electoral (INE), pasaporte y, en este caso, la CURP. Hacerlo es dejar en el limbo a la población migrante de otras naciones, a los mexicanos que fueron deportados, y a aquellas personas que no ha podido acreditar su nacionalidad mexicana por falta de una identificación oficial, ya sea que se trate de ciudadanos indígenas que se encuentran en movilidad migrante interna, o de aquellas personas que por condiciones de exclusión o rezago de las instituciones municipales no ha podido acceder a un acta de nacimiento o a la corrección de este documento”, subrayó Gretchen Kuhner, directora del IMUMI, en representación de la Alianza.
Las organizaciones acusan que es latente la exclusión a la población migrante centroamericana, por lo que a manera de denuncia destacan que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador no ha presentado hasta ahora, a 11 meses desde que comenzó la pandemia del Covid-19, de algún programa que permita a las personas que no tienen una CURP, entre ellas los migrantes, acceder a las vacunas contra el covid.
Asimismo, la Alianza señala que a lo largo del casi un año que lleva la pandemia, el gobierno de México, a través del Instituto Nacional de Migración (INM) y ante la ausencia de vigilancia sanitaria, ha fallado en garantizar a poblaciones en movilidad el acceso efectivo a la salud y a medidas de detención del contagio.
En el mismo tenor se pronunció Dana Graber Ladek, jefa de Misión de la Organización Internacional para Migraciones (OIM) México, al señalar que las autoridades del país deben promover esquemas en favor de la no detención de migrantes en esta etapa de la pandemia y darles prioridad en la fase de vacunación contra el coronavirus.
La Secretaría de Gobernación estima que conocer el número exacto y las características exactas de los centroamericanos que transitan de manera irregular por México hacia EU es difícil de establecer, considera que con base en los registros de las autoridades migratorias de México y Estados Unidos y la información que aportan la Encuesta sobre Migración en la Frontera Sur de México (EMIF SUR), sobre los migrantes devueltos por México y Estados Unidos a Guatemala, Honduras y El Salvador, se estima que hay al menos 140 mil migrantes sin papeles provenientes de estos países, de los cuales 69,320 se encuentran en albergues de ciudades de la frontera norte de México y otros 70 mil en movilidad sin un lugar fijo.
De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Migración (INM), el 40 por ciento de los cruces de migrantes sin papeles que ingresan a México se registran por la frontera sur, particularmente por Chiapas, donde a lo largo de los 965 kilómetros que separan a México de Guatemala, es puerta abierta y sin restricción para el tránsito de la migración centroamericana, lo que complica establecer los lugares y destinos a los que se dirigen, por lo que las cifras reales de movilidad de la población migratoria que se interna en el país puede ser dos veces mayor a las estimaciones.
Fuente: Crónica
