El Gobierno del Estado de México otorgó en 2008, cuando estuvo encabezado por Enrique Peña Nieto, una millonaria concesión para la construcción y explotación del Viaducto Bicentenario a la empresa OHL (actualmente Aleática), la cual era ilegal, pues se trataba de una carretera proyectada sobre una vía federal que el Gobierno mexiquense no tenía derecho a concesionar.
Esto ocurrió luego de una licitación en donde además no se siguieron las reglas federales como correspondía, y en donde se determinó eligiendo a la constructora española pese a que su propuesta económica era 40 veces menos rentable que la de una competidora.
Lo anterior es la conclusión de la Fiscalía General de la República (FGR), luego de una investigación de varios meses en la que se reunieron pruebas que acreditan dicha irregularidad, y que además muestran que deliberadamente el Gobierno estatal ignoró las advertencias de la Federación de que no existía sustento para la concesión.
Entre las evidencias se encuentran oficios que en 2011 le envió la Secretaría de Comunicaciones y Transportes Federal (SCT) al secretario de Comunicaciones del Gobierno del Estado de México, Gerardo Ruiz Esparza, con copia a Enrique Peña Nieto, en donde le advertía que no tenían derecho a entregar a privados la explotación de una vía federal de dominio público, y le pedía que justificara legalmente lo que habían hecho.
Sin embargo, la justificación legal no fue entregada porque realmente no existe. El reclamo federal cesó luego de que en el 2012 el Gobierno federal pasó a manos de Enrique Peña Nieto y de que el principal operador de la presunta irregularidad, Gerardo Ruiz Esparza, se volvió el secretario de Comunicaciones y Transportes federal.
Según la carpeta de investigación FED/FECC/UNAI-MEX/0000573/2019 a cargo de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la FGR, estos hechos representan delitos federales que hasta hoy continúan ocurriendo, pues Aleática sigue ganando por las cuotas que los automovilistas tienen que pagar por atravesar la carretera que de manera ilegal se les concesionó.
En los últimos dos años, los ingresos que ha recibido la empresa privada por el cobro de peajes ascienden a más de mil millones de pesos.
Según publica Animal Político, autoridades federales señalaron que la Fiscalía General de la República alista la presentación de la carpeta de investigación ante un juez federal para que se proceda contra los probables responsables. Por ahora, la responsabilidad penal recaería directamente en los exfuncionarios de la Secretaría de Comunicaciones del Estado de México que adjudicó la obra.
Entre los implicados se encontraba Gerardo Ruiz Esparza, quien falleció hace algunos días; no obstante, ese hecho no frena la investigación no solo por el hecho de haber otros involucrados, sino porque de prosperar, la acusación significaría que la concesión del Viaducto Bicentenario pasaría a manos del Estado, sin que Aleática tenga derecho a indemnización.
Fuente: Xeu Noticias/Animal Político
