Al menos 100 personas formaron parte de la ‘nómina secreta’ del exgobernador de Chihuahua, César Duarte, quien usó más de mil millones de pesos del erario para pagar campañas electorales y sobornos para obtener el apoyo de políticos, funcionarios y líderes religiosos y de opinión.

Las maletas de dinero salían en vuelos privados desde la capital de la entidad hasta la Ciudad de México, y eran distribuidas entre funcionarios del Gobierno federal de la administración del expresidente Enrique Peña Nieto: priistas, senadores, diputados federales, líderes religiosos y de opinión, pero también para sus familiares y amigos para gastos personales.

De acuerdo con la indagatoria de la Fiscalía General de Justicia de Chihuahua, están documentadas «más de mil entregas a más de 100 personas en distintos montos».

La detención de Cristopher James Barousse, expresidente de la Red de Jóvenes X México del PRI, destapó una red de beneficiarios del exgobernador de Chihuahua.

De acuerdo con las autoridades ministeriales, las pesquisas sobre el joven priista reconocido como “brazo operador” de Duarte Jáquez, se soportan por el desvío de “más de mil millones de pesos” que “se utilizaron para pagar campañas y sobornar a actores políticos y sociales”.

Priistas consultados señalan a James Barousse como cercano al grupo del expresidente Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray. Fue nombrado dirigente de la Red de Jóvenes X México en 2014 por César Camacho, quien era líder nacional del tricolor.

Desde esa posición, de acuerdo con los hallazgos de la Fiscalía de Chihuahua, se encargó de trasladar físicamente los recursos del Gobierno de Chihuahua a la Ciudad de México. El dinero era presuntamente entregado al secretario de Finanzas del tricolor, Luis Vega, quien era el encargado de repartir los recursos a campañas y candidatos.

Vega, también cercano a Peña Nieto y Videgaray, está incluido en la denuncia presentada por el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, quien lo señala como encargado de repartir sobornos al interior del tricolor para votos a favor de las reformas estructurales del gobierno pasado y pago de campañas.

Aportaciones voluntarias

La Fiscalía de Chihuahua ha logrado hasta el momento comprobar la operación de 2 millones 600 mil pesos, por parte de James Barousse durante 2014 y 2016.

La ruta del dinero iniciaba en la Secretaría de Hacienda, que en ese entonces encabezaba, Luis Videgaray, quien enviaba recursos extraordinarios al estado, que a su vez eran operados por funcionarios estatales «por instrucciones del entonces gobernador y que estaba destinado al pago de nómina de empleados estatales».

Las investigaciones señalan a Gloria Isabel Barousse Argüelles, madre de James Barousse, como quien «cobraba y firmaba los recibos de la nómina secreta».

«El dinero lo recolectaba personalmente, pero también por conducto de su propia madre, recibiendo más de 25 aportaciones consecutivas por la cantidad mensual de $100,000.00 (cien mil pesos 00/100 m.n.) entre los años 2014 y 2016», detalla la investigación.

Desde una pista privada en el Aeropuerto Internacional de Chihuahua, James Barousse partía destino a la Ciudad de México con «maletas llenas de dinero» para repartirlas entre «políticos, funcionarios (federales), diputados locales y federales, líderes religiosos y de opinión», o bien, en el PRI para el financiamiento de campañas y candidaturas.

«Se trataba de dinero público que el entonces gobernador utilizaba para obtener el apoyo de diferentes sectores de influencia, tales como políticos, funcionarios, diputados locales y federales, líderes religiosos y de opinión, pero también para sus familiares y amigos y gastos personales. Fueron más de mil entregas a más de 100 personas en distintos montos», se puntualiza en el expediente del caso de la llamada nómina secreta de César Duarte.

Beneficiarios regresan dinero

La Fiscalía General de Justicia de Chihuahua mantiene recursos abiertos en contra de los más de 100 beneficiarios de la ‘nómina secreta’ de Duarte, para que regresen los recursos, o bien, se les ejercerá acción legal.

Varias personas han reconocido «la obtención indebida de ese dinero, y sobre todo que han restituido las cantidades recibidas a favor del erario».

Mientras que otros, «a pesar de saber de sus conductas ilegales, no han tenido el mismo comportamiento, por lo que es probable que de cualquier momento a otro, también se presenten ante los tribunales».

Fuente: Milenio