Toluca, Estado de México.
En un operativo de alta seguridad, autoridades federales y estatales realizaron el traslado de 60 personas privadas de la libertad catalogadas como de alta peligrosidad a diversos penales federales del país. La acción forma parte de la estrategia nacional para mantener el control y la gobernabilidad dentro de los centros penitenciarios, particularmente en aquellos con antecedentes de conflictos internos o riesgo de actividad criminal organizada.
El operativo se llevó a cabo este martes 30 de julio, desde el Aeropuerto Internacional de Toluca, con participación de elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Guardia Nacional, así como corporaciones policiales estatales y municipales. Todos los protocolos se ejecutaron bajo un estricto esquema de seguridad, en apego a los derechos humanos y con coordinación interinstitucional.
De los 60 reos trasladados, 15 provenían del Centro Federal de Readaptación Social No. 1 “Altiplano”, ubicado en Almoloya de Juárez, mientras que los otros 45 fueron remitidos desde centros penitenciarios estatales:
- 20 de la Ciudad de México
- 20 del Estado de México
- 5 del estado de Querétaro
Los internos fueron trasladados a nueve Ceferesos en distintas entidades del país, como parte de una estrategia de dispersión para desactivar estructuras delictivas, limitar la operación de células criminales al interior de los penales y evitar la concentración de liderazgos que puedan comprometer la seguridad institucional.
Fuentes oficiales señalaron que esta medida responde a evaluaciones de riesgo realizadas por autoridades penitenciarias y de inteligencia, y forma parte de un plan integral que busca reforzar la seguridad y disminuir la reincidencia delictiva dentro de las prisiones. El operativo también busca generar condiciones que favorezcan la reinserción social efectiva y minimizar la corrupción en los centros de reclusión.
El Gobierno del Estado de México respaldó el traslado y reiteró su compromiso de trabajar de manera coordinada con la federación para mejorar las condiciones de seguridad y legalidad en los penales mexiquenses, especialmente aquellos ubicados en zonas de alta incidencia delictiva.
Este tipo de operativos refuerzan el mensaje de cero tolerancia a la violencia y fortalecen la gobernabilidad penitenciaria, además de reducir la posibilidad de motines, extorsiones y delitos dirigidos desde el interior de los reclusorios.
