La Auditor\u00eda Superior de la Federaci\u00f3n (ASF) document\u00f3 c\u00f3mo en 2017, la Secretar\u00eda de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), que estaba encabezada por\u00a0Rosario Robles, desvi\u00f3 m\u00e1s de 3 mil 134 millones de pesos y desapareci\u00f3 m\u00e1s de 724 millones de pesos de recursos federales que ten\u00edan que ser usados como apoyo para viviendas.<\/p>\n\n\n\n
\u201cEse dinero fue utilizado de manera indebida para pagar contratos de prestaci\u00f3n de servicios celebrados con universidades, asesor\u00edas para la operaci\u00f3n de programas; subcontrataci\u00f3n de servicios con terceros; arrendamiento de edificios, helic\u00f3pteros, pasajes a\u00e9reos nacionales para servidores p\u00fablicos de mando, entre otros\u201d, inform\u00f3 la ASF.<\/p>\n\n\n\n
Como resultado de una auditor\u00eda financiera y de cumplimiento para revisar el uso del presupuesto p\u00fablico destinado a programas del sector vivienda de la Cuenta P\u00fablica 2017, la ASF denunci\u00f3 ante la Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica (FGR) por un presunto da\u00f1o patrimonial de 724 millones de pesos, dinero del que no se pudo rastrear su destino final.<\/p>\n\n\n\n
Pero aunque la ASF no lo consider\u00f3 da\u00f1o patrimonial, porque se pudo seguir la ruta que siguieron los recursos, en esa auditor\u00eda tambi\u00e9n describi\u00f3 c\u00f3mo la Sedatu desvi\u00f3, sin autorizaci\u00f3n de la Secretar\u00eda de Hacienda, 3 mil 134 millones de pesos, que estaban destinados al Programa de Infraestructura.<\/p>\n\n\n\n
Ese programa ten\u00eda como fin atender a poblaci\u00f3n con deficiencias en la calidad y espacios en la vivienda y carencias en los servicios b\u00e1sicos en zonas urbanas y rurales, con hogares de alto y muy alto rezago social.<\/p>\n\n\n\n
Ese programa ten\u00eda un presupuesto autorizado de 3 mil 855 millones de pesos que no fue a viviendas, sino que se reparti\u00f3 de la siguiente forma: mil 23 millones, de los que no hay rastro de 31.5 millones, se fueron a universidades; mil 489 millones al Sistema Quintanarroense de Comunicaci\u00f3n Social y otros proveedores; 268.5 millones, a pagar deudas del programa Vivienda Digna y Vivienda Rural de dos a\u00f1os antes, 2015; 148.5 millones, al programa H\u00e1bitat 2015; 175 millones a cuartos adicionales; 61 millones, a asociaciones civiles y de 689.2 millones se desconoce su destino.<\/p>\n\n\n\n
Esos 689.2 millones de pesos sin rastro forman parte de los 724 millones por los que se present\u00f3 la denuncia ante la\u00a0FGR.<\/p>\n\n\n\n
Los otros 35 millones de pesos perdidos se detectaron en dos rubros: los 31.5 millones que se gastaron, sin evidencia de los servicios prestados, en los convenios celebrados, sin autorizaci\u00f3n, con el Instituto Tecnol\u00f3gico Superior de Centla, la Universidad Intercultural del Estado de M\u00e9xico, la Universidad Polit\u00e9cnica del Golfo de M\u00e9xico, la Universidad Polit\u00e9cnica de Tlaxcala y la Universidad Polit\u00e9cnica del Centro; y otros 3.9 millones de pesos en una fianza pagada a una empresa que nunca entreg\u00f3 los trabajos contratados, consistentes en una auditor\u00eda a los recursos ejercidos por la Comisi\u00f3n Nacional de Vivienda.<\/p>\n\n\n\n
El desv\u00edo de estos recursos, que no lleg\u00f3 a las delegaciones estatales de Sedatu, y su utilizaci\u00f3n en fines distintos de los del Programa de Infraestructura, impidi\u00f3 concluir los proyectos de apoyo a la vivienda autorizados.<\/p>\n\n\n\n
Fuente: Milenio<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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