El Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) ratific\u00f3 la sanci\u00f3n aplicada por la Auditor\u00eda Superior de la Federaci\u00f3n (ASF) a Dumago Systems Solutions,\u00a0una de las empresas involucradas en el esquema\u00a0conocido como la\u00a0‘Estafa Maestra’, por lo cual tendr\u00e1 que pagar 33 millones 633 mil pesos.<\/p>\n\n\n\n
El proyecto fue aprobado por unanimidad en el pleno del TFJA, el cual, en sesi\u00f3n de este mi\u00e9rcoles, valid\u00f3 la resoluci\u00f3n emitida el 11 de enero de 2019 por la Direcci\u00f3n General de Responsabilidades de la ASF, en la que se determin\u00f3 una responsabilidad resarcitoria\u00a0por la que dicha empresa debe responder, de manera solidaria y mancomunada, con cinco exfuncionarios p\u00fablicos.<\/p>\n\n\n\n
Los cinco exfuncionarios p\u00fablicos que, junto con la empresa, deben pagar ese monto son:\u00a0Humberto Ren\u00e9 Islas Cort\u00e9s, quien en ese entonces se desempe\u00f1aba como\u00a0director de Recursos Materiales de\u00a0la\u00a0Secretar\u00eda de Desarrollo Social\u00a0(Sedesol);\u00a0el exdirector de Adquisiciones y Contratos, Enrique Prado Ord\u00f3\u00f1ez; el exrector de la Universidad Aut\u00f3noma del Estado de Morelos, Alejandro Vera; el exrepresentante legal de dicha instituci\u00f3n, Hugo Manuel del Pozzo Rodr\u00edguez, y el exdirector de Proyectos Especiales de la misma casa de estudios, Wistano Orozco.<\/p>\n\n\n\n
Los m\u00e1s de 33 millones de pesos son equivalentes al da\u00f1o patrimonial que la ASF consider\u00f3\u00a0\u2014como parte de la revisi\u00f3n a la Cuenta P\u00fablica 2013\u2014\u00a0que dicha empresa ocasion\u00f3 a la Hacienda P\u00fablica Federal\u00a0por haber cobrado indebidamente una serie de servicios de los que nunca hubo evidencia a la Universidad Aut\u00f3noma del Estado de Morelos, la cual, a su vez, fue contratada por la Sedesol mediante un convenio firmado cuando\u00a0esta estuvo encabezada por Rosario Robles\u00a0y el oficial mayor de la Secretar\u00eda fue Emilio Zebad\u00faa.<\/p>\n\n\n\n
El caso fue expuesto en sesi\u00f3n del TFJA por el magistrado Juan Manuel Jim\u00e9nez Illescas, quien explic\u00f3 que a los cinco personajes mencionados, junto con la empresa Dumago Systems, que\u00a0se les reprocha haber causado un da\u00f1o en la Hacienda P\u00fablica\u00a0porque, en el ejercicio de sus atribuciones, \u201cindebidamente celebraron un convenio de colaboraci\u00f3n entre dichas instituciones, en donde la Universidad de Morelos, en forma por dem\u00e1s ambigua y gen\u00e9rica, se oblig\u00f3 a proporcionar diversos servicios de asesor\u00eda especializada en materia de adquisiciones, arrendamientos, difusi\u00f3n y promoci\u00f3n social a la Sedesol, los cuales\u00a0no fueron recibidos conforme a la normativa legal\u00a0y convencional aplicables\u201d.<\/p>\n\n\n\n
Jim\u00e9nez Illescas a\u00f1adi\u00f3 que la responsabilidad resarcitoria ordenada por la ASF se debe a que \u201cla actora (Dumago Systems) ocasion\u00f3 da\u00f1o a la Hacienda P\u00fablica Federal al haber figurado como la empresa que supuestamente provey\u00f3 los servicios pactados entre la Universidad de Morelos y la Sedesol, cuando en los hechos, la demandante\u00a0nunca demostr\u00f3 que realmente hubiera proporcionado dichos servicios\u00a0y, en cambio, qued\u00f3 acreditado que la instituci\u00f3n educativa le pag\u00f3 injustificadamente m\u00e1s de 33 millones de pesos por servicios irregulares\u201d.<\/p>\n\n\n\n
Adem\u00e1s, los entregables presentados como comprobaci\u00f3n de los servicios supuestamente prestados \u201ctienen fecha anterior a la contrataci\u00f3n\u201d, y la empresa demandante \u201ctiene una actividad preponderante ajena a los servicios solicitados, como es el comercio al por menor de computadoras y sus accesorios\u201d.<\/p>\n\n\n\n
Fuente: Milenio<\/p>\n\n\n\n
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