La Comisión Permanente del Congreso recibió la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para expedir la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar el Delito de Feminicidio, con la que se pretende establecer un solo modelo en las 32 entidades para investigar, perseguir y castigar este delito, también impedir que las muertes violentas de mujeres sean clasificadas como homicidios o suicidios.
Además, establece una pena uniforme de 50 a 70 años de prisión, así como 19 agravantes que permitirán aumentar sanciones cuando la víctima sea niña, adolescente, adulta mayor, mujer embarazada, persona con discapacidad, periodista, defensora de derechos humanos o migrante.
La iniciativa se turnó a las comisiones unidas de Justicia y Para la Igualdad de Género del Senado, donde iniciará su análisis legislativo.
La propuesta plantea transformar la actuación de las fiscalías estatales para atender los casos de violencia extrema contra las mujeres, pues se considera que las diferencias entre legislaciones locales generaron criterios distintos de investigación, subregistro de casos y espacios de impunidad.
La iniciativa precisó que el feminicidio representa la peor forma de violencia contra las mujeres, por lo que la prioridad es garantizar que ningún caso quede sin una investigación adecuada.
El documento busca crear un tipo penal único de feminicidio para todo el país, con criterios homologados para que las autoridades investigadoras actúen bajo los mismos parámetros.
Establece que cualquier muerte violenta de una mujer deberá investigarse inicialmente como posible feminicidio y con perspectiva de género, hasta descartar esta hipótesis.
Explica que uno de los problemas es que algunos casos son registrados de manera incorrecta, particularmente cuando existen antecedentes de violencia familiar, amenazas o agresiones previas por la pareja, expareja o familiares cercanos.
La iniciativa presidencial presenta datos sobre re esta situación, al mencionar que el 90 por ciento de los feminicidios son cometidos por parejas, ex parejas o familiares directos, por lo que se plantea que las autoridades otorguen valor a los testimonios de familiares y consideren desde el inicio los antecedentes de violencia.
La nueva legislación contempla 10 razones de género para acreditar el delito, como violencia sexual, antecedentes de agresiones, relaciones de poder, amenazas, discriminación y conductas asociadas a estereotipos de género.
Contempla castigos más severos cuando el responsable sea un servidor público, existan ataques con ácido u otras sustancias corrosivas, o cuando haya circunstancias que incrementen la vulnerabilidad de la víctima.
La iniciativa plantea que el feminicidio sea considerado imprescriptible, que no pueda aplicarse amnistía, criterios de oportunidad o beneficios para reducir penas, además de sancionar la tentativa del delito.
